20 de junio de 2024 

Fundación Juan Mari Brás

Buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Castrodad Rodríguez, economista en equidad, adaptación climática y resiliencia. Comparezco ante ustedes en representación de la Fundación Juan Mari Brás. Solicitamos respetuosamente a este Comité su apoyo a nuestros esfuerzos para atender la descolonización de Puerto Rico.

El gobierno de los Estados Unidos de América ha demostrado en reiteradas ocasiones que seguimos siendo una colonia, contrario a lo que nos quiso hacer creer en 1952 cuando argumentó que con el Estado Libre Asociado Puerto Rico había ejercido su derecho a la autodeterminación. Así ha quedado plasmado en sucesivos Informes Interagenciales de la Casa Blanca y decisiones del Tribunal Supremo durante los pasados veinte años. 

Desde el 2017, EUA ha afianzado su control sobre Puerto Rico mediante privaciones sucesivas de nuestro derecho a la auto-gobernanza que han justificado a base de la situación económica, los desastres naturales y la pandemia del COVID. Siguiendo un patrón que se repite en los territorios ocupados y colonizados, el ente colonizador ha utilizado cada una de estas crisis para acelerar el avance expansivo de sus asentamientos coloniales y despojar al pueblo de Puerto Rico de su agencia política y patrimonio. 

Por un lado, la Junta de Control Fiscal limita nuestra capacidad de desarrollo y crecimiento con medidas de austeridad y desinversión que llevan a nuestros sistemas de infraestructura, salud y educación a la disfunción.  Por otro lado, las inversiones billonarias para la llamada “reconstrucción de Puerto Rico” privilegian los intereses corporativos de EUA, en efecto sirviendo para transferirles a estos el control de nuestro patrimonio y la operación de los servicios esenciales. 

Cada nueva inversión otorgada a una corporación estadounidense, bajo la premisa supremacista de que tienen mayor capacidad de gestión, ha fortalecido su posición en el mercado puertorriqueño en detrimento del sector empresarial del país. De este modo se ha viabilizado el establecimiento de monopolios privatizados y subsidiados que han resultado en precios más altos, acceso reducido y servicios de menor calidad, en sectores tan críticos como la energía eléctrica y la salud. Además, la combinación de estas ventajas competitivas y un régimen de beneficios contributivos, ha atraído inversiones masivas en el sector de bienes raíces que han reducido el inventario de vivienda asequible, desplazándonos de nuestras propias comunidades. 

El pueblo puertorriqueño ha quedado incapacitado de satisfacer sus necesidades más básicas. El costo de la canasta básica y servicios públicos en el área metro de San Juan posicionaría a la ciudad en el 10% más alto comparado con las ciudades de EUA, a pesar de que un 39.5% de la población vive bajo el nivel de pobreza Resulta particularmente grave, que el alquiler promedio de vivienda en el país ha llegado a  alcanzar casi los tres mil dólares ($2,990) mensuales considerando que la mediana de ingresos es tan solo dos mil nueve dólares ($2,009) mensuales .  Las inversiones también han resultado en el deterioro de nuestro entorno natural y la privatización de bienes de dominio público, por las extensas irregularidades en la otorgación de permisos que privilegian los desarrollos y construcciones de esos mismos actores.

Nuestro colonizador ha delegado la toma de decisiones sobre nuestro gobierno a una junta no electa y privilegiado los intereses corporativos estadounidenses en el país. Al hacerlo, una vez más nos niega, como lo hizo al imponer la ciudadanía estadounidense, el ejercicio pleno de nuestros derechos sociales y económicos.

Es por esto que solicitamos a este Comité:

• Declarar a PROMESA como una violación grave del derecho internacional al nombrar una Junta no electa que gobierna a Puerto Rico;
• Reiterar el derecho de las personas de nuestro país al ejercicio pleno de nuestra ciudadanía puertorriqueña y a su derecho inalienable a la independencia; 
• Recabar a la Asamblea General de la ONU atención urgente al caso de descolonización de Puerto Rico.

Las personas de nuestro país no somos ciudadanos de segunda clase, somos un pueblo colonizado. Solicitamos a este Comité una resolución clara y contundente, expresando su apoyo incondicional al pueblo de Puerto Rico en nuestra descolonización.

Muchas gracias.