Especial para Claridad

La última maniobra sobre el status denuda por completo el carácter asimilista de los llamados autonomistas en Puerto Rico. El nombramiento de un nuevo comité ad hoc —inoperante para todo propósito de transformar sustancialmente el sistema colonial— es en sí un indicio de la nueva reculada del Partido Popular. En el pronunciamiento de Aguas Buenas se prometía la convocatoria a una asamblea constituyente que, en nombre del pueblo puertorriqueño, pudiera negociar con Washington las bases del “crecimiento autonómico del ELA, el gobernador Rafael Hernández Colón enumeró las siguientes: 1) las leyes ambientales 2) los salarios mínimos 3) las leyes de cabotaje. Las tres áreas, tal como están ahora, constituyen posible escollos para la estrategia de superentrega del actual gobierno.

La aplicación de las leyes ambientales de Estados Unidos en Puerto Rico puede ser base de una diversidad de acciones legales  por parte de los ambientalistas, que podrían  detener por largo tiempo la instalación del superpuerto y sus complejos petroleros adyacentes. La facultad del gobierno de Wáshington para fijar salarios mínimos en Puerto Rico lleva a que eventualmente se elimine la exención que se ha hecho a Puerto Rico de la vigencia de los decretos federales de salario mínimo para las diversas industrias y comercios. Las leyes de cabotaje obligan a transportar el petróleo y la gasolina, de Puerto Rico a Estados Unidos, en barcos de matrícula norteamericana que cobran los fletes más caros del mundo.

Se trata obviamente, de un esfuerzo concertado del gobierno de Hernández Colón por acelerar unos remiendos al sistema que apuntalen la dependencia y la explotación colonial.

En materia de relaciones obrero-patronales el salario mínimo uniforme, equiparando al de Estados Unidos, es el único aspecto de la jurisdicción federal que es más ventajoso para los trabajadores que para los capitalistas. Los otros aspectos, como la aplicación de la Ley Taff-Hartley ni del resto de la legislación y reglamentación federal en materia de relaciones obrero-patronales sino únicamente del aspecto más oneroso para los patronos, que es el salario mínimo.

A pedir la revisión de la vigencia de las leyes federales sobre protección del ambiente, el gobernador se ha dejado ver la costura del remiendo colonialista descarado que aspira implantar, sentando las bases para los planes del superpuerto y los complejos petroleros. Busca unas supuesta conversión autonómica que nos hunda más en el coloniaje. Ya hemos analizando en el manifiesto del partido sobre “Colonialismo Ambiental” cómo se ensaya en Puerto Rico una nueve forma de explotación colonial, consistente en exportar la contaminación el territorio colonial para beneficio de la metrópoli, que evita de esa forma tragarse el veneno que hace emanar hacia el ambiente cierto tipo de industrias. La vigencia de la ley federal sobre protección del ambiente en la colonia está en contradicción con el interés de exportar la contaminación al territorio colonial. La salida está en eximir a la colonia de esa legislación. Y a ese burdo remache de cadena el gobernador Hernández Colón tiene la desvergüenza de llamarle logro autonómico.

Más o menos en la misma dirección va la solicitud de que se exima a Puerto Rico de las leyes de cabotaje. A todo lo largo de la intervención norteamericana en nuestro país, los puertorriqueños venimos pagando los altos fletes que nos impone el monopolio marítimo de la flota mercante de Estados Unidos. Ahora, ante la expectativa de convertir  a Puerto Rico en estación de desembarque y embarque de petróleo en tránsito del Mediano Oriente a Estados Unidos, como las leyes de cabotaje encarecen el costo de dicha transportación de petróleo y las compañías petroleras constituyen una fuerza económica y política mucho más poderosa que las navieras, es entonces, para servir a los intereses petroleros, que los farsantes del pseudo-autonomismo plantean que se nos exima de dichas leyes de cabotaje.

Nunca antes había bajado a niveles tan infames el autonomismo puertorriqueño. Mirándolo retrospectivamente, el movimiento autonomista en Puerto Rico ha seguido un curso de repliegue continuo hacia las posiciones asimilistas desde sus inicios en 1887 hasta nuestros días. Aquel  movimiento que fundó Baldorioty —y que en el contexto del momento representaba una posición progresista hasta el punto de que el propio José Martí señala que “no hay un átomo de lacayo en Román Baldorioty de Castro”, empezó a degenerar cuando prevaleció la tendencia componendista de Luis Muñoz Rivera. A lo largo del siglo veinte, los vaivenes del autonomismo han llevado a una creciente asimilación económica del país a Estados Unidos.

La fundación del estado libre asociado en 1952  marca el impulso furibundo de la invasión del capital norteamericano en la industria, el comercio y las finanzas en nuestro país.

En estos momentos esa estrategia de la reculada constante que define históricamente al autonomismo alcanza su apoteosis de traición con las propuestas hechas por Rafael Hernández Coleon en su discurso del 25 de julio. En todo sentido se ha llegado ya al autonomismo asimilista. 

5 de agoto de 1973