Especial para Claridad
Los crímenes realizados por el gobierno de Estados Unidos, en combinación con la gobernación colonial de Carlos Romero Barceló en el Cerro Maravilla, el 25 de julio de 1978, los llevó el PSP a las Naciones Unidas y al Movimiento de los Países No Alineados, así como a distintos gobiernos, partidos y movimientos sociales de muchos países del mundo, en especial de América Latina. Lo hizo, poniendo en ello su mayor énfasis y todos los recursos a nuestro alcance. Fue así que pudimos lograr que tanto la ONU como los No Alineados aprobaran medidas condenando esos crímenes.
La denuncia en la ONU la hicimos en las discusiones sobre el caso colonial de Puerto Rico en 1978, 1979 y 1980, ante el Comité Especial de Descolonización.
En 1978, a los pocos días de los fatídicos sucesos, comparecimos ante la ONU y formulamos la denuncia de esos crímenes. Ese mismo año, tras la aprobación de la resolución sobre Puerto Rico por el Comité Especial, en la que se condena la persecución realizada contra el movimiento independentista y sus integrantes, respondiendo a nuestras denuncias, volvimos a denunciar esos hechos en un documento que dirigimos a todos los miembros de la Asamblea General, en anticipación a la consideración por dicha asamblea del informe del Comité de Descolonización, que contenía el texto íntegro de su resolución aprobada ese año. Lo mismo ocurrió en 1979, así como en la cumbre de los Países No Alineados celebrada en La Habana en septiembre del mismo año de 1979.
En 1980, que fue cuando Romero Barceló consiguió que se archivaran los cargos federales contra los asesinatos de Maravilla, volvimos a comparecer ante el Comité de Descolonización, y en mi intervención manifesté lo siguiente:
“Este mismo año, aquel caso del doble asesinato del Cerro Maravilla, que nosotros denunciamos aquí a raíz de haber ocurrido, en 1978, y volvimos a ahondar sobre él en 1979, ha tomado nuevos giros que dramatizan el peligro de esa confrontación de que estamos hablando. Porque el caso del Cerro Maravilla no es el asesinato aislado de dos jóvenes patriotas por mero error de cálculo o equivocación de una línea gubernamental. El caso del Cerro Maravilla delató una conducta oficial del gobierno de Puerto Rico dirigida a la erradicación, mediante el asesinato y la violencia, del movimiento de liberación de Puerto Rico en todas sus manifestaciones. Y el gobernador de la colonia, que dirigió intelectualmente el operativo del Cerro Maravilla, y posteriormente lo ha tratado de encubrir, hizo declaraciones patentes en el sentido de que pretendía que aquello sirviera de escarmiento para contener el desarrollo del movimiento independentista puertorriqueño.”
“Y si el patrón del Cerro Maravilla se multiplica, y se pone en práctica, entonces estamos inmersos y sumergidos en la confrontación. Y recuérdese que esta confrontación se daría no sólo en el territorio nacional puertorriqueño sino en territorio nacional de Estados Unidos.”
“Benjamín Civiletti, procurador general de Estados Unidos en la administración de Jimmy Carter, ordenó el cierre de la investigación del Cerro Maravilla por el gobierno federal norteamericano mediante una negociación burda y barata con Carlos Romero Barceló, gobernador de Puerto Rico y responsable principal del encubrimiento del asesinato doble del Cerro Maravilla, en un trueque nauseabundo, mediante el cual Carlos Romero Barceló, Republicano de toda la vida, se tornaba en Demócrata para darle los votos puertorriqueños bajo su control en la convención Demócrata a las aspiraciones de renominación de Jimmy Carter, a cambio de que le cerraran la investigación del caso del Cerro Maravilla por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y se de esa forma actúa un gobierno que tiene el control y la hegemonía directa de Puerto Rico por virtud del coloniaje, estamos jugando con candela en este instante.”
“Se llegó al extremo insólito, casi increíble, si no estuviera tan reciente en la historia, de que un juez federal de Estados Unidos, de nombre Juan Pérez Jiménez, nombrado por Jimmy Carter, ordenó mantener en secreto la declaración jurada que prestó el gobernador de Puerto Rico, por órden de otro juez que ya se había muerto, sobre la situación del caso del Cerro Maravilla, y ordenó mantener en secreto las declaraciones de otros testigos, incluyendo a un ex-policía que estaba presente en el Cerro Maravilla el día del asesinato, y que observó dos ráfagas de tiro contra esos jóvenes independentistas. Después de la primera ráfaga, vio que ya tenía detenidos a esos dos jóvenes y los estaban injuriando y los estaban pateando, de lo que se deduce obviamente que la segunda ráfaga fue la que les remachó para matarlos, y de lo que se deduce lógicamente, que fue un asesinato frío, no en evitación de que ellos cometieran un delito, sino siguiendo las instrucciones del supuesto escarmiento de que había hablado el gobernador de Puerto Rico. Y esas declaraciones están ocultas, encerradas en la caja fuerte del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, por órdenes de ese señor que finge de juez, de nombre Juan Pérez Jiménez, para que el pueblo puertorriqueño no las conozca y se les ha amenazado a los abogados que estuvieron presentes en la toma de esas declaraciones que si revelaban el contenido de las mismas serían desaforados de su profesión y encausados criminalmente.”
“Nunca se había visto en el propio ordenamiento jurídico de Estados Unidos una violación tan flagrante, de lo que ellos llaman el debido procedimiento de ley, como ésta que se realiza para ocultar esa masacre, porque el propósito es ocultarle a Puerto Rico y al mundo la realidad de lo que es la estrategia represiva del imperialismo en Puerto Rico, para el confrontamiento que lleve a la aniquilación física del independentismo puertorriqueño.”
Todo lo que aquí he reproducido de mi libro “Puerto Rico: el Otro Colonialismo” (publicación del Comité Central del Partido Socialista Puertorriqueño, 1982, pp. 148-227), es fruto de investigaciones llevadas a cabo muy escrupulosamente por los miembros del colectivo de CLARIDAD. En el caso de la negociación en Wáshington entre Romero y Civiletti, obtuve la información de una fuente inexpugnable, que fue un viejo amigo y compañero a quien conocí cuando trabajé en la Brrokings Institution.
Al momento de brindarme la información estaba relacionado con el Departamento de Justicia bajo la dirección directa de Civiletti. Considero que es una de las informaciones fundamentales que revelan la indiscutible inmersión de Carlos Romero Barceló en todo el plan represivo que incluyó el entrampamiento, asesinato y encubrimiento del horrendo crímen del Cerro Maravilla. Dejo a la historia por testigo y juez. No tengo dudas que ella lo inculpará ante los siglos del porvenir. Personalmente no tenía ninguna razón para inculpar a Romero por esos actos, si no tuviera la cabal conciencia de que el conjunto de los hechos que pudimos acumular, principalmente en el trabajo investigativo de CLARIDAD, pero con la destacada participación también de otros periodistas como Tomás Stella y Manny Suárez del San Juan Star de la época, le acusa directamente a él como artífice del crímen. Antes de esos acontecimientos, Romero era mi colega y con quien llegué a mantener una relación cordial, como lo he hecho con otros adversarios siempre. Desde Maravilla, ya Romero está fuera del ámbito de mis relaciones personales, porque los asesinatos del Cerro Maravilla constituyen dos crímenes imperdonables para la patria puertorriqueña.