Especial para Claridad
Los defensores del neo-liberalismo —transnacionales y criollos— quieren hacernos ver que todo lo que administre el estado lleva irremediablemente a la ineficiencia y la corrupción, mientras que, en las empresas administradas por el capital privado, aflora rápidamente la eficiencia y se elimina por completo la corrupción.
Nuestra historia demuestra todo lo contrario.
Entre los recuerdos de mi niñez, en los últimos treinta del siglo veinte, me vienen frecuentemente a la memoria un par de escenas de la huelga del pueblo de Mayagüez contra la Mayagüez Light Power and Ice Company, propiedad del entonces senador Alfonso Valdés Cobián y la cual controlaba tanto la producción de luz eléctrica en la ciudad como la de hielo.
Se había organizado en esos días la Liga Defensora de Mayagüez, una entidad cívica, no partidista, que presidía Don Ramón Sánchez Justiniano, un cirujano menor que llamaban “practicante” y quien dirigió una exitosa huelga contra la compañía de luz en protesta por el pésimo servicio y alzas en las tarifas.
Mi padre era colaborador militante de la Liga Defensora, y como tal participó en la huelga. Se trepaba en una escalera para alcanzar el contador eléctrico en cada casa, previa autorización de los ocupantes de la propiedad, para desconectar el aparato que supuestamente medía el consumo de energía.
La inmensa mayoría de los residentes en la ciudad participó en la protesta, autorizando el que se desconectaran los contadores en sus negocios y viviendas. La campaña culminó con una marcha por toda la Calle Méndez Vigo hasta la Plaza de Colón, donde se efectuó el final de la actividad con un discurso de Sánchez Justiniano. Este, en la euforia de su alocución, afirmó que “tenemos que romperle la espina dorsal al pulpo de la Mayagüez Light.” Un chusco desde un rincón de la plaza le gritó, “bruto, el pulpo no tiene espina dorsal”. “Pues le rompemos lo que tenga”, ripostó a todo pulmón el orador, seguido de un estruendoso aplauso del público.
El Partido Popular, que participaría en su primera elección en 1940, hizo del ataque a la Mayagüez Light uno de sus principales temas de campaña local, prometiendo que en sus primeros actos de gobierno, la legislatura Popular aprobaría la compra o expropiación de la empresa productora de electricidad. Así fue. No solo en Mayagüez, sino en todo el país, se adquirieron por el gobierno las compañías que producían electricidad, creándose, para el manejo de este esencial servicio público, la Autoridad de Fuentes Fluviales, a la que posteriormente se cambió el nombre por Autoridad de Energía Eléctrica. Fue un cambio notable en el servicio. El pueblo, en todo el país, respaldó ese proceso de estatización, tanto de las compañías de luz, como de los acueductos, que se organizaron en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. De igual manera, se respaldó la creación de la Autoridad de Tierras, que administró la ley de Tierras aprobada por la Legislatura bajo la dirección técnico-ideológica de Don Vicente Géigel Polanco.
En 1950, con motivo del gran debate sobre Puerto Rico que se dio en la prensa de la capital estadounidense a raíz de la demostración armada realizada por los patriotas Griselio Torresola y Oscar Collazo frente a la Blair House, entonces residencia del presidente Harry Truman, surgió una voz disidente al coro de ataques a los Nacionalistas boricuas. Fue un abogado norteamericano, cuyo nombre lamento no recordar ahora, que escribió una carta al Washington Post en la que explicaba lo que a su juicio significaba el acto de los Nacionalistas, que era una enorme inconformidad del pueblo puertorriqueño con el freno que Estados Unidos le puso al proceso de socialización de los servicios públicos del país iniciado por el Partido Popular tras su primer triunfo electoral de 1940. Motivado por la lectura de su carta en la prensa, Jorge Luis Landing, Jorge Morales Yordán y yo, quienes a la sazón vivíamos y estudiábamos Derecho en la capital de Estados Unidos, nos comunicamos con el abogado referido y le pedimos una reunión, la cual nos concedió. En la misma, él nos explicó que había sido contratado por el gobierno de Puerto Rico, bajo el entonces gobernador Rexford Guy Tugwell, para llevar el caso de expropiación contra la International Telephone & Telegraph (ITT), que era la compañía —ya para esa época transnacional— que operaba el servicio telefónico en Puerto Rico.
El abogado se había trasladado a San Juan y trabajaba intensamente en el pleito de quo warronto ventilándose ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En la nochebuena del año cuarenta y cinco, lo llamó Tugwell a La Fortaleza para indicarle que recogiera sus bártulos y regresara a Wáshington, luego de radicar la correspondiente papelería para desistir del proceso de expropiación de la ITT. Le añadió que no se preocupara por sus gastos y honorarios, ya que los mismos les serían pagados según acordados, pero que la dirección política del país, encabezada por el presidente del Senado, Luis Muñoz Marín había decidido no continuar su política de expropiaciones de las empresas de servicio público para evitar los ataques que se le hacían en Wáshington al Partido Popular como uno de carácter socialista. El letrado, que se sentía muy identificado con la causa que movía el pleito para el cual se le había contratado, se fue a ver a Muñoz en su refugio de Isla Verde y allí constató con el líder de los Populares que, en efecto, el partido quería ponerle fin a la política de socialización de los servicios públicos esenciales y el desistimiento de la demanda contra la ITT era la mejor prueba de ese cambio de política oficial. Así se puso fin a la etapa prueba de ese cambio de política oficial. Así se puso fin a la etapa primigénita del Partido Popular en materia económica-social.
Tanto la Autoridad de Fuentes Fluviales como la de Acueductos y Alcantarillados, fueron impecablemente administradas por servicios públicos de alta eficiencia y brindaron servicios de calidad al país, con la colaboración activa de gerenciales y obreros. La UTIER, en la que se organizan los obreros de la ahora Autoridad de Energía Eléctrica, ha sido desde su fundación hasta el presente un sindicato muy consciente de la obligación que tienen para con el pueblo puertorriqueño. Correspondiendo a ese deber, sus miembros, en muchas ocasiones arriesgando sus vidas, se han enfrentado a las peores catástrofes naturales, y algunas provocadas por intereses contradictorios a los del pueblo por parte de empresas privadas. Por eso el sindicato se ha ganado el respeto, la admiración y la solidaridad de las grandes mayorías de nuestro pueblo, que la considera una empresa gubernamental de servicio público.
La ITT, por otro lado, daba un servicio tan deficiente y a un costo tan alto para los usuarios, que eventualmente el gobierno, en el primer cuatrienio de Rafael Hernández Colón, adquirió la telefónica, respondiendo a un claro clamor popular. CLARIDAD, que ya para el año 1969 abría caminos periodísticos en la denuncia de los actos negligentes y delictivos de la ITT, fue la que inició la campaña para la socialización de la compañía telefónica. Años después, se volvió a vender la telefónica a la empres privada, primero a medias, y ahora por completo.
Al momento actual, en Puerto Rico y en el mundo, la creciente privatización de los servicios públicos esenciales, e la electricidad, el agua, la tierra, así como en los servicios de salud, educación y muchos otros, es la responsable de que cada vez se ahonden más las diferencias entre la gran mayoría de la población y la claque de los que usufructan riqueza. A la desigualdad que siempre ha producido el capitalismo entre el capital y el trabajo en sus retribuciones, ahora se añade el asalto que a las empresas transnacionales le han infligido los integrantes de una nueva costra parasitaria prohijada por el neoliberalismo post-capitalista, que son los agentes que administran estas empresas para sus particulares beneficios y no necesariamente para los de los accionistas de las mismas. Es de ahí que surgen extravagancias delictivas como las que causaron el escándalo ENRON, donde una pequeña claque de delincuentes al tope de la empresa falsificaron estados de cuentas y auditorías para desviar hacia sus arcas la mayor cantidad de las ganancias empresariales..
Ahora hasta la prensa más defensora del neoliberalismo económico, como es el caso de la revista “The Economist” de Londres, ha comenzado una serie de reportajes sobre las mayores desigualdades que se suscitan en la actualidad. En su edición del 20 al 26 de enero pasado, empieza señalando que en los últimos veinte años el pago total a los gerenciales al tope de las empresas en Estados Unidos, que era de cuarenta veces mayor que el del promedio de los norteamericanos asalariados, ahora es de ciento diez veces mayor. Esos sobrepagos a los principales gerenciales se funda en la corrupción galopante, que en las empresas privadas es tan alto o quizás mayor que en las esferas gubernamentales, porque el sistema es el que propicia la inmersión en la sub-cultura de la corrupción de unos y otros.
Puerto Rico es buen ejemplo de esta nueva situación. Los casos hasta ahora denunciados de corrupción gubernamental bajo las administraciones del Dr. Pedro Rosselló son resultado de una nefasta combinación de intereses delictivos entre altos funcionarios de las empresas privadas y altos burócratas del gobierno, tanto en la esfera del ELA como en la del gobierno colonial, que aquí llaman los federales.
Por eso, ese desequilibrio, que es el responsable de las hambrunas y los desquiciamientos sociales en tantas partes del mundo, incluyendo a nuestro país, no tiene más solución posible, y por tanto necesaria, que un cambio revolucionario que de al traste, de una vez y para siempre, con el sistema de triple robo que se ha instaurado en el post-capitalismo neoliberal. Hay una alternativa, que va surgiendo poco a poco en Nuestra América, que es el desarrollo y consolidación de la integración económica, social y política de los pueblos latinoamericanos y caribeños. En ese proceso es que cabemos nosotros como pueblo y hacia ese fin —y ninguno de los remedios colonialistas— es que debe dirigirse el dirigirse el independentismo puertorriqueño.
16 de febrero de 2007