Juan Mari Bras

Farsantes del autonomismo

Especial para Claridad

Hemos denunciado anteriormente la burda maniobra asimilista que se encubre tras la farsa del comité ad hoc, cuya creación se anuncio recientemente. Indicamos hace unos días lo que significa incluir las leyes ambientales de Estados Unidos entre los temas a cubrir en la agenda del referido comité ad hoc. Se trata, claramente, de una complicidad criminal por parte de los llamados autonomistas puertorriqueños para imponerle una nueva coyunda a nuestra subordinación colonial: el colonialismo ambiental.

Todo cuánto habíamos denunciado queda ahora confirmado por la propia Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico. Tenemos en nuestro poder copia de una resolución aprobada por dicha junta el día 3 de agosto de 1973. El documento lo firma el doctor José Álvarez de Choudens, secretario de Salud Pública, en su carácter de presidente de la Junta. El texto del mismo casi habla por sí solo.

Entre numerosos “por cuantos”, veamos algunos de ellos:

“Por cuanto, Puerto Rico es una isla localizada en un área sub-tropical con condiciones geográficas, oceanográficas, climatológicas, ecológicas, económicas y sociales muy particulares y distintas a las que prevalecen en los Estados Unidos continentales.”

Cualquiera pensaría, de leer el anterior por cuanto aislado de los demás, que se está abogando por  una completa autonomía en todo los órdenes, incluyendo el económico y social. Pero no es así. Veamos más adelante:

“Por cuanto, las normas y reglamentos federales se han elaborado en compatibilidad con las condiciones geográficas, oceanográficas, climatológicas, meteorológicas, ecológicas, económicas y sociales del área continental de los Estados Unidos;

“Por cuanto, muchas disposiciones de la legislación federal no deben ser aplicables a Puerto Rico debido a las diferencias climatológicas, oceanográficas, geográficas, ecológicas que exigen en los Estados Unidas un grado de sofisticación y complejidad tecnológica incompatible con el nivel del problema y de los recursos naturales de Puerto Rico.”

Aquí se llegó a un nivel de cinismo incomparable. Afirmar que en Estados Unidos se requiere un nivel de sofisticación mayor que en Puerto Rico en materia ecológica es un descaro. Si algo resalta a todas luces de la comparación de nuestra realidad con la de aquel es el hecho de que, precisamente por la pequeñez relativa de nuestro suelo, el balance ecológico tiene que ser cuidado con mucho mayor esmero y sofisticación que un país inmenso como Estados Unidos.

Y aquí llegamos a la delación de toda la conjura:

“Por cuanto, controles tales como normas, reglamentos y fechas límite que se utilicen para implementar la legislación ambiental en Estados Unidos actualmente afectan directamente las prioridades importantes y el desarrollo de programas cruciales al bienestar del pueblo de Puerto Rico.”

Es evidente que lo que se busca es eliminar un escollo jurídico para realización inmediata del plan genocida del superpuerto y los complejos metalúrgicos y petroleros. La legislación federal sobre calidad ambiental, como hemos indicado antes, no permite que el tipo de proyecto planteado por Fomento se lleve a cabo. El Congreso y gobierno de Estados Unidos han estimado prudente establecer mediante esa legislación unos niveles mínimos de seguridad para el balance ecológico del país y la salud de su pueblo. Esos standars son indispensables para garantizar la vida misma del pueblo.

Lo que están diciendo los miembros de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, sin sonrojarse siquiera, es que deben atenuarse los standars ambientales en Puerto Rico, aún a riesgo de la vida del pueblo puertorriqueño, para poder darle paso al proyecto del superpuerto.

La cláusula dispositiva de la resolución citada lee como sigue:

“Resuelve recomendar al Honorable Gobernador de Puerto Rico que realice las gestiones que estime pertinentes a los fines de lograr los cambios legales necesarios para que Puerto Rico pueda resolver los  problemas ambientales localmente en armonía con las realidades imperantes en la isla.”

Huelga subrayar que esto es una combinación entre el gobernador y la Junta de Calidad Ambiental. La junta aparece solicitando al gobernador que se nos “libere” de la legislación federal sobre  ambiente. El próximo paso será la inclusión del tema en la agenda del comité ad hoc y probablemente la radicación de varios proyectos en el Congreso de Wáshington independientemente del comité ad hoc, para excluir a Puerto Rico de algunas leyes ambientales.

Claro está, nosotros estamos en contra de la aplicación de cualquiera y todas las leyes de Estados Unidos en Puerto Rico. Luchamos precisamente por sacudirnos de la intervención norteamericana en su totalidad. No estamos, por tanto, abogando por la vigencia de las leyes ambientales yanquis. Creemos que las nuestras deben ser más estrictas que las de Estados Unidos.

Pero llamamos la atención sobre el significado de la maniobra del gobierno de Hernández Colón. La que se busca, en alianza con los grandes intereses petroleros de Estados Unidos, es adecuar la super-estructura jurídica de Puerto Rico para atosigarnos es a nueva forma de subyugación colonial que hemos denominado “colonialismo ambiental”.

En última instancia, no se trata sino de remachar las cadenas del coloniaje. Que se utilice a la Junta de Calidad Ambiental para pedir la eliminación de las restricciones federales sobre el ambiente es tan inaudito como que se utilizara a la Comisión de Derechos Civiles para invocar la cancelación de la carta de derechos de la constitución de Estados Unidos.

Lo que indica es la naturaleza farisaica del colonialismo. Cuando los imperialistas les conviene la aplicación de sus propias leyes en la colonia  extienden su vigencia al territorio colonial. Cuando esa  aplicación les perjudica, cancelan la vigencia. Lo absurdo es que el propio organismo supuestamente encargado de velar por la máxima protección del ambiente en la isla sea el que se preste para echar a caminar toda esta estratagema. Ello indica el nivel de degeneración a que han llegado los integrantes del actual gobierno.

Son unos fantasmas del autonomismo que harían revolcarse en sus tumbas, no ya a Baldorioty, sino hasta al propio Luis Muñoz Rivera.

14 de agosto de 1973

 

 

Fundación Juan Mari Brás

Esta Fundación se organiza con el propósito de preservar el legado de Juan Mari Brás y dar a conocer su pensamiento, su obra y su trayectoria de lucha por la independencia de Puerto Rico a actuales y futuras generaciones.
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