Juan Mari Bras

El asesinato de Filiberto: un informe a medias

Especial para Claridad

De todos los informes institucionales que se han anunciado relacionados al asesinato del patriota Filiberto Ojeda Ríos, el único que merece alguna credibilidad es el del Colegio de Abogados de Puerto Rico. En efecto, el Colegio de Abogados goza de un alto nivel de credibilidad en el país, a pesar del bajísimo nivel de ésta sobre los abogados como profesionales. Es esta una de esas paradojas en que se debate la sociedad puertorriqueña.

Por esa razón, el país entero ha estado esperando el “Informe de la Comisión Especial para Investigar los sucesos relacionados a la Muerte de Filiberto Ojeda Ríos.” La semana pasada, los colegiados recibimos un “Informe Preliminar” rendido por dicha comisión. Fue presidida por la Licenciada Celina Romany Siaca,  ahora presidenta de la institución e integrada por los abogado(a)s Judith Berkan Barnett, María Consuelo Sáez Burgos, René Pinto Lugo, Charles Hey Maestre, Orlando Portela Valentín,  Federido Fentas Rodríguez y Gloria Lagrossi Brenes. Los licenciados Joaquín Monserrate Matienzo, Jaime Ruberté y Roberto Fernández, quienes habían sido designados como miembros de la comisión, renunciaron a participar en la misma, por razones que no se especifican en el informe.

El informe índice que la comisión dividió el alcance de la investigación a llevarse a cabo en tres áreas: 1) Explorar al impacto del operativo del FBI en al comunidad del Barrio Plan Bonito, Sector Jaguitas de Hormigueros en el contexto de las violaciones de derechos humanos; 2) Determinar el conocimiento previo y participación de funcionarios públicos del Estado Libre Asociado en el operativo del FBI; y 3) Esclarecer los hechos acaecidos el 23 de septiembre de 2005 en la residencia del Sr. Filiberto Ojeda, mediante investigación y examen forense, (incluyendo la reconstrucción de la escena a los fines de determinar violaciones de derechos humanos.)

La investigación, apunta inmediatamente el Informe Preliminar, ha confrontación la situación de que todas las instituciones oficiales (Secretaría de Justicia del ELA; Policía de Puerto Rico, Instituto de Ciencias Forenses, Autoridad de Energía Eléctrica, el FBI y en particular el señor Luis Fraticelli, y la Legislatura de Puerto Rico, todas —con la única excepción del Municipio de Hormigueros,— se han negado a proveerle a la comisión de los abogados las informaciones requeridas para poder realizar una investigación completa con sus conclusiones correspondientes.

Ante esa realidad, señalada por la propia comisión en su informe, lo que decidieron fue referir a la Comisión de Derechos Civiles (de Puerto Rico) el aspecto “de nuestra segunda fase relativa a la participación de las agencias estatales. La Comisión le solicitó que iniciara un proceso investigativo. La Comisión de Derechos Civiles determinó así hacerlo.”

En relación con la primera fase de la investigación, la Comisión realizó vistas públicas, con la colaboración del Municipio de Hormigueros, en la cual participaron testigos del operativo, y de sus funestas consecuencias sobre la comunidad Jaguitas del Barrio Plan Bonito.

De las vistas celebradas por la comisión se pueden concluir hechos muy relevantes, tomando en consideración informes de prensa y declaraciones del Doctor Héctor Pesquera, quien actuó como médico de la familia y se le negó autorización para entrar en auxilio de Filiberto, cuando éste podría estar todavía con vida, hecho que se confirma con el informe de autopsia, a la cual sí pudo asistir el Dr. Pesquera por autorización del gobernador Aníbal Acevedo Vilá. También son de gran relevancia las declaraciones del alcalde de Hormigueros, señor Pedro García Figueroa, quien atestigua que ni las autoridades del gobierno de Puerto Rico ni los representantes del FBI le suministraron información requerida por él sobre lo que estaba sucediendo en un barrio de su municipio, que estaba afectando a muchos habitantes del mismo.

En términos generales, las conclusiones a que llega el Informe Preliminar sobre el primer aspecto, que es cómo se afectó a la comunidad de Jaguitas en el barrio Plan Bonito, son claramente acusatorias de unas violaciones flagrantes a los derechos humanos de los  habitantes de dicha comunidad, al aislarlos de sus propios familiares, y hasta de médicos y personal paramédico que debió asistirles en sus necesidades de esos servicios, entre otras.

La Comisión contrató un perito en Ciencias Forenses de nombre Dr. Peter de Forest para bridarles asesoramiento sobre aspectos especializados del caso de Filiberto. Debemos esperar el informe de dicho perito, aunque anticipamos nuestra sospecha de posible conflicto de intereses, ya que el John Jay College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York en que dicho perito trabaja como director del Programa Graduado de Ciencias Forenses es una institución para guardias que se entrenan generalmente para estar al servicio de los cuerpos represivos de Estados Unidos. Pero démosle el beneficio de la duda al Dr. Peter hasta tanto nos llegue su conclusión parcial.

Lo que no podemos aceptar como cabal cumplimiento de su responsabilidad social por parte de la Comisión Investigadora del Colegio son las recomendaciones numeradas 2, y 4 del Informe.

La posibilidad de un litigio procurando la información del ICF (Instituto de Ciencias Forenses) hasta el momento no prevista, es la número 2.

La número 4 es la siguiente: “Se recomienda la opción de explorar la viabilidad de radicar una petición ante la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos de los miembros de la comunidad de Hormigueros afectados por el operativo, al amparo del derecho internacional en materia de derechos. Así mismo denunciar  otros aspectos de este operativo que demuestren que la muerte del Sr. Ojeda Ríos fue en violación a los reglamentos internos aplicables a los operativos del FBI y a los derechos humanos aplicados en dichas situaciones.”

El lenguaje utilizado en las dos recomendaciones citadas, y la inexplicable omisión de señalar la responsabilidad primaria que en todo el asunto tiene el gobierno de Estados Unidos, que fue el que autorizó la realización del operativo que culminó en un asesinato y no en un arresto, refleja la flojera característica de las instituciones coloniales del país. El Colegio de Abogados se ha desvinculado históricamente de esa sumisión al colonialismo y sus consecuencias. Es en razón de esas posturas firmes y valientes que el pueblo monta su gran credibilidad hacia nuestro Colegio.

¿Por qué recomendar que se ausculte la posibilidad de un litigio contra un organismo del ELA, y no contra el gobierno de Estados Unidos, que el causante primario de todo este vandálico episodio? En verdad, y en justicia a la historia reciente, la aposición asumida por el Secretario de Justicia Roberto Sánchez Ramos al reclamarle al Departamento de Justicia de Wáshington que ordene al FBI suministrar la prueba que guardan y ocultan ha sido mucho más valiente que la tímida recomendación, hasta ahora, del Colegio de Abogados.

Lo peor de todo está en la recomendación número 4. Hablan en la misma de la posibilidad de radicar un petición ante la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos denunciando la violación de derechos humanos de los miembros de la comunidad de Hormigueros al amparo del derecho internacional en materia de derechos humanos. ¿Y qué pasa con la más flagrante de todas violaciones de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, y el cuál fue violado, mediante un acto criminal, al patriota puertorriqueño Filiberto Ojeda Ríos? ¿No se atreve el Colegio de Abogados, por miedo a los pleiteros anexionistas que demandan el desmantelamiento del Colegio, ponerle el cascabel al gato  y hablar con claridad, como lo ha hecho históricamente?

Está bien que acudan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene jurisdicción sobre el asunto, y la cuál obliga a Estados Unidos. Pero debe acudir también al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que también debe obligar a Estados Unidos, y es un foro muchos más amplio y resonante que el de la Comisión de la OEA.

Y está bien que se levanten las violaciones a los derechos humanos de toda la comunidad hormiguereña, pero ha de ser el contexto de una denuncia directa, sin ambages y al grano, contra el gobierno de Estados Unidos y su intromisión indebida en los poderes que ellos mismos le delegaron al estado libre asociado para llevar a cabo impunemente este operativo asesino, si siquiera informarlo a las autoridades del ELA, como ha surgido de toda la investigación preliminar realizada por el Colegio.

Vuelva el ilustre Colegio de Abogados por sus  fueros de institución firme y valiente en defensa de nuestro pueblo. No se haga eco la Junta de Gobierno del idioma eufemístico, vacilante y ambivalente, de las recomendaciones señaladas en el Informe Preliminar.

 

8 de enero de 2007

 

Fundación Juan Mari Brás

Esta Fundación se organiza con el propósito de preservar el legado de Juan Mari Brás y dar a conocer su pensamiento, su obra y su trayectoria de lucha por la independencia de Puerto Rico a actuales y futuras generaciones.
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