Juan Mari Bras

De Ponce a Maravilla

La Masacre de Ponce marca un momento dramático de la brutalidad imperialista yanqui en Puerto Rico. La conmoción que produjo en nuestro pueblo aquel asesinato colectivo fue el punto decisivo para la derrota de la coalición en 1940. No podía quedar impune la complicidad de los partidos oficiales con el General Blanton Winship. Winship fue el ejecutor de aquella matanza horrible y posteriormente pretendió encubrirla.

Hoy sabemos hasta donde llegó Winship en su empeño de encubrir la Masacre, gracias al testimonio, tan diáfano y tan pulcro como quien lo vierte, de ese ilustre puertorriqueño que es Don Rafael Pérez Marchand. El distinguido letrado acaba de publicar en la Revista del Colegio de Abogados (VoL 40, Núm. 2, Mayo de 1979) un elocuente trabajo bajo el titulo La Masacre de Ponce: Mi Testimonio. En el mismo queda esclarecido para la historia uno de los episodios más importantes de aquel acto macabro de represión y encubrimiento. Don Rafael era fiscal de Ponce a la sazón. En ese tiempo, los fiscales estaban facultados por ley no solo para investigar sucesos delictivos sino para determinar causa probable y ordenar el arresto y acusación de personas envueltas en los mismos. Pérez Marchand había concluido su investigación preliminar de la Masacre con la decisión de ordenar el arresto de cuatro policías por el delito de asesinato. Veamos este trozo del testimonio de Pérez Marchand, citándole directamente:

"Y a esas alturas rendí al Departamento de Justicia un Informe Preliminar que ya señalaba a los responsables de La Masacre, pero obviamente aquel Informe alarmó al Procurador General Lcdo. Benigno Fernández García, porque a muy altas horas de la noche me llamó por teléfono para saber si era cierto que yo había acusado a cuatro policías por asesinato, y si ya estaba investigando al Coronel Orbeta y a sus oficiales con el mismo fin".

"Informado el Procurador de que cuanto él quería saber era cierto, me ordenó al siguiente día compareciera ante él para recibir instrucciones sobre el particular; pero le objeté que una orden como la que él me daba debía ser confirmada por escrito, y fue al recibo de su orden telegráfica que me trasladé a San Juan el día 27 de marzo".

"Para mi sorpresa, en la Oficina del Procurador General me aguardaba el Gobernador Blanton Winship, y estaban allí como testigos o asesores Ricardo Gómez (Fiscal del Tribunal Supremo y Jesús A. González (Juez de Distrito de San Juan). Allí y entonces, sin concederme la cortesía de un saludo, o invitarme

a tomar asiento, el General Winship procedió a ordenarme como sigue:"

"(1) Que yo enmendara el Informe que le había rendido al Procurador General sobre La Masacre, en los términos que el Procurador me fijara".

- "(2) Que yo me abstuviera de procesar a Miembro alguno de la Policía sin su previa autorización". -

"(3) Que yo archivara las cuatro acusaciones ya radicadas contra ‘su Policía’ y a la vez radicara sendas acusaciones, por asesinato, contra los cadetes que, según él, habían atacado a la Policía".

"Movido yo por aquella prueba en mi poder, le hice saber al Gobernador que sus órdenes no podían ser cumplidas, porque no se había declarado un estado de emergencia ni se habían suspendido las garantías constitucionales, y que yo como fiscal no violaría derechos fundamentales que había jurado defender. Entonces, con tono de mando, el General Winship me advirtió que él no aceptaba réplicas y al insistir yo en presencia del Procurador General, del Fiscal del Tribunal Supremo y del Juez de Distrito de San Juan, que era mi deber velar porque fueran respetados los preceptos de la Suprema Ley (The Supreme Law of the Land), el Gobernador, sin más decir, me volvió la espalda y regresó a Fortaleza por el corredor que en aquella fecha comunicaba su residencia oficial con la Oficina del Procurador".

"Al quedar yo con el Procurador y los mencionados funcionarios judiciales, Don Benigno me amonestó diciéndome que por aquel gesto de insubordinación él podía trasladarme a otro distrito para que otro fiscal hiciera la investigación de La Masacre, o podía destituirme y hasta procesarme; pero si nada de aquello ocurrió se debió, seguramente, a que al conocerse la noticia de lo sucedido en su oficina, El Imparcial publicó un cable del Presidente del Comité investigador de La Masacre Dr. Arthur Garfield Hays, ofreciéndose a volver a Puerto Rico para asumir mi defensa si el Procurador General ponía en práctica sus amenazas".

Como se sabe, Don Rafael Pérez Marchand renunció como Fiscal de Distrito de Ponce en protesta por tales intentos de obligarlo a actuar contra sus más altas obligaciones morales y legales. Winship persistió en el empeño de encubrir la Masacre. Ordenó la acusación por Asesinato contra los Nacionalistas. Eventualmente, éstos fueron absueltos por un jurado. Tanto los partidos de gobierno entonces, el Republicano y el Socialista, como el de oposición leal, el Liberal, se replegaron ante la prepotencia y la arrogancia del General Winship.

Solo Luis Muñoz Marín, entre los principales líderes políticos del país, se negó a condenar a los Nacionalistas y justificar la acción de Winship. Antes de las elecciones de 1940, el Presidente de Estados Unidos, Franklyn Delano Roosevelt, sacó a Winship de la gobernación y designó al Almirante Leahy para el cargo. Los partidos Republicano y Socialista se dividieron en facciones irreconciliables y consecuentemente perdieron los comicios legislativos de 1940. El Partido Liberal se quedó en cuadros con la salida de Luis Muñoz Marín y sus seguidores, quienes fundaron el Partido Popular Democrático, que emergió en 1940 como la principal fuerza política del país. Pero el precio de aquel triunfo fue el sometimiento previo de Muñoz a los dictámenes de Washington. EI gobierno norteamericano sabía que después de aquella Masacre y de todos los desafueros cometidos por Winship y la Coalición era necesario un cambio en la dirección política de la colonia.

Lo que hizo fue timonear ese cambio de tal suerte que se salvaguardaran los intereses imperialistas en lo esencial. Ese fue el pacto, explícito o tácito, con Luis Muñoz Marín. Ahora estamos en una coyuntura parecida, aunque no necesariamente similar y marcando diferencias importantes que surgen de las condiciones materiales de este momento y de la co-relación de fuerzas, nacional e internacional, que es completamente distinto.

Carlos Romero se aventuró —con la ejecución y encubrimiento del entrampamiento y doble asesinato del Cerro Maravilla— a poner en práctica una política represiva de la misma calaña de la de Blanton Winship en Ponce. Maravilla no es un incidente aislado en la conducta gubernamental de Romero Barceló. Es la manifestación dramática de una línea consistente, seguida por el líder máximo del PNP desde sus primeros balbuceos en la actividad política. Romero es un colonizado incondicional y un fascista intuitivo. Corto de luces y falto de los rudimentos básicos de la sensibilidad humana, no guarda la menor consideración por la vida humana. A sus enemigos —que son los de sus amos— no los considera sujetos de derecho. Su insensibilidad no le permite ubicarse en el marco de respeto a la dignidad humana que requiere la convivencia civilizada. Por eso ha dicho entre sus allegados que "los independentistas no son gente''. Siguiendo esa lógica obtusa, más cercana a la bestia que a la condición humana, se regocija cada vez que sus verdugos ejecutan un independentista.

Se rodea de un círculo íntimo de colaboradores y amigos que celebran la muerte de patriotas o de héroes de los trabajadores. Su limitación intelectual no le permite articular una teoría fascista. No sabe lo que es eso. Pero lo intuye y lo practica, no por convencimiento sino por pasión. Por eso ha actuado con tanta torpeza en el caso del Cerro Maravilla.

Este doble asesinato, que este 25 de julio cumple su primer aniversario, fue fríamente planeado en La Fortaleza y ejecutado de conformidad con ese plan. Si no incluyó más víctimas fue porque no lograron arrastrar hasta el patíbulo a todos los que ellos querían llevar allí.

No hubo en este caso un fiscal con dignidad que asumiera la posición vertical de Don Rafael Pérez Marchand en Ponce en 1937. Los fiscales siguieron la órdenes que se les impartieron. Encubrieron burdamente la verdadera historia de la matanza. Para eso contaron con la colaboración de un mercader de cadáveres que se prestó para falsificar el protocolo de autopsia. Nada menos que un patólogo entrenado por los regímenes de Franco en España y de Trujillo en la República Dominicana.

A diferencia de 1937, ahora la ley requiere que las investigaciones fiscales se sometan a magistrados de la rama judicial que son los que determinan causa probable y deciden si se acusa o no y a quiénes en relación con cada caso criminal. En abierta violación a este dictamen constitucional, los fiscales de Carlos Romero cerraron el caso, atribuyéndose funciones y autoridad que no tienen, sin siquiera someterlo a un magistrado.

Después vinieron los hallazgos que han ido develando la magnitud del entrampamiento y encubrimiento de este caso: las declaraciones del chófer ponceño que condujo a los jóvenes al Cerro Maravilla; las nuevas autopsias de los jóvenes asesinados; las admisiones en Corte del delincuente descubierto Alejandro González Malavé en los casos del tiroteo en casa de Muñoz y el asalto al cuartelillo de la Universidad y la repulsa general a las declaraciones del gobernador proclamando héroes a los asesinos de Maravilla.

El Gobierno de Carter ha actuado en forma parecida aunque distinta al de Roosevelt en los años de la Masacre de Ponce. Optó por abrir una investigación federal que contuviera la ira popular que ha generalizado el entrampamiento de Maravilla.

Romero sigue enredándose en sus propias redes. Interviene con el fiscal federal para intentar cerrar ese foro. Destituye al superintendente Roberto Torres González por éste haber comentado el caso incriminando al gobernador. Designa a su principal achichincle en la Policía, Desiderio Cartagena, como superintendente. Cartagena, al prestar testimonio para su confirmación ante una Comisión del Senado, se sostiene en la falsa versión de que no había hablado con el gobernador sobre este caso antas de los sucesos. Posteriormente Romero admite que habló con Cartagena. Ya son dos las admisiones importantes que delatan anteriores mentiras. La primera fue la admisión que hizo el gobernador de sus conversaciones telefónicas con el fiscal federal luego de haber asegurado que eso era una infamia nuestra.

El Gobierno de Estados Unidos asume una posición ambivalente. Por momentos parece que va a meterle mano a Romero y sacarlo de circulación mediante la investigación por el gran jurado, que llevada a sus últimas consecuencias, conduciría a la acusación, condena y encarcelamiento del gobernador y sus principales colaboradores. Pero luego accede a suspender la investigación del Gran Jurado, habiendo comenzado la misma, lo cual es procesalmente insólito. No obstante, se rumora que la investigación continuará adelante. Juan Manuel García Passalacqua alega que tiene ya seguro su nombramiento como fiscal federal a partir de septiembre para hacerse cargo de la investigación por el Gran Jurado del caso Maravilla. Por lo menos, así lo asegura públicamente en su columna de El Nuevo Día Roberto- Rexach Benítez, quien suele ser pregonero de informaciones e ideas que le suministra su compadre García Passalacqua.

De darse el nombramiento de García Passalacqua como fiscal federal, podríamos asumir que la investigación del Gran Jurado seguirá su curso y el entrampamiento quedará probado. Es cierto que García Passalacqua puede estar jugando con la amenaza de su nombramiento como chantaje a Romero para que ordene detener la sublevación de los demócratas penepés contra su cliente, protector y protegido, Franklyn Delano López. Pero si, en efecto, se diera el nombramiento, no creemos que García Passalacqua vaya a embarrarse dirigiendo el tipo de investigación que persevere en el encubrimiento de la matanza y el entrampamiento. Este no es un Don Rafael Pérez Marchand, pero tiene un ego demasiado grande y suficiente talento y respeto por sí mismo para no caer en las maniobras burdas del fiscal Julio Morales Sánchez.

La Masacre de Ponce le sirvió al imperialismo norteamericano para reconocer la necesidad de modernizar las formas de su dominio colonial sobre Puerto Rico y echar a un lado el Winshipato y aquella coalición cuyos actos impulsarían al país por el camino de la Revolución. El entrampamiento y matanza del Cerro Maravilla podría ser el hito que lleve a Washington a reconocer la necesidad de descartar a los que, en nombre de su pitiyanquismo incondicional, se han propuesto escalonar el confrontamiento. Falta ver si esta vez a Washington le quedan caminos intermedios abiertos para jugar a un recambio de la presente situación. En última instancia, dependerá de nosotros los puertorriqueños y sobre todo de sus vanguardias integradas por los sectores más alertas de la clase trabajadora.

 

Publicado en el Suplemento Especial de Claridad
Julio 1979

 

Fundación Juan Mari Brás

Esta Fundación se organiza con el propósito de preservar el legado de Juan Mari Brás y dar a conocer su pensamiento, su obra y su trayectoria de lucha por la independencia de Puerto Rico a actuales y futuras generaciones.
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